La Comisión Europea pretende que las minas de carbón que sean deficitarias y necesiten ayudas públicas para su funcionamiento -caso de todas las explotaciones de España- echen el cierre en cuatro años. La medida afectaría tanto a Hunosa como a la minería privada. Después de un intenso debate, que obligó a aplazar la decisión a principios de este mes, y contrariamente a lo que preveían algunos borradores, que contemplaban la posibilidad de seguir autorizando ayudas hasta el año 2023, la propuesta aprobada por unanimidad por el Colegio de Comisarios, a instancias del vicepresidente de la Comisión y Comisario de la Competencia, el socialista español Joaquín Almunia, sólo prevé una prórroga de las ayudas públicas hasta el 15 de octubre de 2014.
La propuesta del nuevo reglamento de ayudas al sector hullero europeo que sustituirá al actual que finaliza el próximo 31 de diciembre, supedita cualquier ayuda al funcionamiento del sector, según el comunicado emitido ayer por Bruselas, a la presentación de un plan de cierre para las minas deficitarias, que son todas las asturianas y leonesas.
Joaquín Almunia dejó claro, tras la aprobación de la propuesta por el ejecutivo comunitario, que el objetivo es «garantizar el cierre definitivo de las minas no competitivas antes del 15 de octubre de 2014. No debe haber ninguna duda al respecto». Según explicó el número dos del ejecutivo europeo que preside el portugués José Manuel Durao Barroso, «las empresas tienen que ser viables sin subvenciones. No es sólo una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales, sino que también revierte en el interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad». Asímismo, Almunia afirmó que la Comisión «sólo autorizará ayudas de funcionamiento para aquellas empresas mineras que dispongan de un plan de cierre. Además, las subvenciones deben dirigirse de forma creciente a sufragar los costes sociales y ambientales del cierre». Para el comisario español, «el camino a seguir es el de las energías renovables y limpias».
El que fuera ministro en varios gobiernos de Felipe González y, posteriormente, secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno en 2000, advirtió que la propuesta de la Comisión Europea pudo ser aún más drástica, «pero no podemos ignorar las terribles consecuencias económicas y sociales que habría a escala regional en las zonas productoras con un repentino cierre de las minas deficitarias. Sobre todo en este momento de crecimiento escaso o cero y de elevado desempleo».
En la actualidad, las minas que dependen de las subvenciones al funcionamiento están situadas, principalmente, aunque no exclusivamente, en Polonia, la región alemana del Ruhr, el valle del Jiu, en Rumanía, y, ya en España, en Asturias, León y Palencia.
La decisión adoptada por la Comisión, en cualquier caso, no es definitiva y deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros de Energía. Algunos de ellos, como Alemania y España son partidarios de prorrogar las ayudas al menos hasta el año 2018. Aún así, esta medida marca de forma clara que los estados miembros sólo podrán conceder ayudas a las minas de carbón en el contexto de un plan de cierre definitivo, cuya aplicación sería objeto de un seguimiento estricto.
En el marco del Reglamento propuesto, las subvenciones de funcionamiento tendrían que ser decrecientes en el tiempo, con una reducción de al menos el 33% por un período de 15 meses y, en caso de que la mina deficitaria no haya sido cerrada a 15 de octubre de 2014, el beneficiario tendría que devolverlas al estado. Además, cualquier ayuda al cierre debe estar supeditada a la presentación por parte del país miembro de un plan de medidas apropiadas en el ámbito de la eficiencia energética, las energías renovables o la captura y el almacenamiento de CO2. Según la Comisión, el objetivo de la propuesta es poner fin a las subvenciones concedidas a las minas no competitivas, «algo muy parecido a lo que se ha hecho en el caso de los sectores siderúrgico y construcción naval».
La propuesta del nuevo reglamento de ayudas al sector hullero europeo que sustituirá al actual que finaliza el próximo 31 de diciembre, supedita cualquier ayuda al funcionamiento del sector, según el comunicado emitido ayer por Bruselas, a la presentación de un plan de cierre para las minas deficitarias, que son todas las asturianas y leonesas.
Joaquín Almunia dejó claro, tras la aprobación de la propuesta por el ejecutivo comunitario, que el objetivo es «garantizar el cierre definitivo de las minas no competitivas antes del 15 de octubre de 2014. No debe haber ninguna duda al respecto». Según explicó el número dos del ejecutivo europeo que preside el portugués José Manuel Durao Barroso, «las empresas tienen que ser viables sin subvenciones. No es sólo una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales, sino que también revierte en el interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad». Asímismo, Almunia afirmó que la Comisión «sólo autorizará ayudas de funcionamiento para aquellas empresas mineras que dispongan de un plan de cierre. Además, las subvenciones deben dirigirse de forma creciente a sufragar los costes sociales y ambientales del cierre». Para el comisario español, «el camino a seguir es el de las energías renovables y limpias».
El que fuera ministro en varios gobiernos de Felipe González y, posteriormente, secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno en 2000, advirtió que la propuesta de la Comisión Europea pudo ser aún más drástica, «pero no podemos ignorar las terribles consecuencias económicas y sociales que habría a escala regional en las zonas productoras con un repentino cierre de las minas deficitarias. Sobre todo en este momento de crecimiento escaso o cero y de elevado desempleo».
En la actualidad, las minas que dependen de las subvenciones al funcionamiento están situadas, principalmente, aunque no exclusivamente, en Polonia, la región alemana del Ruhr, el valle del Jiu, en Rumanía, y, ya en España, en Asturias, León y Palencia.
La decisión adoptada por la Comisión, en cualquier caso, no es definitiva y deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros de Energía. Algunos de ellos, como Alemania y España son partidarios de prorrogar las ayudas al menos hasta el año 2018. Aún así, esta medida marca de forma clara que los estados miembros sólo podrán conceder ayudas a las minas de carbón en el contexto de un plan de cierre definitivo, cuya aplicación sería objeto de un seguimiento estricto.
En el marco del Reglamento propuesto, las subvenciones de funcionamiento tendrían que ser decrecientes en el tiempo, con una reducción de al menos el 33% por un período de 15 meses y, en caso de que la mina deficitaria no haya sido cerrada a 15 de octubre de 2014, el beneficiario tendría que devolverlas al estado. Además, cualquier ayuda al cierre debe estar supeditada a la presentación por parte del país miembro de un plan de medidas apropiadas en el ámbito de la eficiencia energética, las energías renovables o la captura y el almacenamiento de CO2. Según la Comisión, el objetivo de la propuesta es poner fin a las subvenciones concedidas a las minas no competitivas, «algo muy parecido a lo que se ha hecho en el caso de los sectores siderúrgico y construcción naval».
